El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) implementó una regla para aplicar nuevas tarifas migratorias establecidas por la ley H.R. 1 de 2025, con el objetivo de fortalecer la financiación del sistema migratorio. Entre estos cambios, se incluye una tarifa anual obligatoria para las personas con solicitudes de asilo pendientes, además de la tarifa de presentación del Formulario I-589.
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La normativa establece consecuencias claras para quienes no cumplan con este pago. Si el solicitante no paga la tarifa anual dentro de los 30 días posteriores a la notificación, USCIS rechazará su solicitud de asilo. Asimismo, si la persona no cuenta con un estatus migratorio válido en Estados Unidos, podría enfrentar el inicio de un proceso de remoción.
El rechazo del caso también genera efectos adicionales relevantes: cualquier solicitud de autorización de empleo será denegada y los permisos ya otorgados quedarán sin efecto automáticamente.
Además, la regla introduce otros cambios importantes, como la retención de la tarifa del Formulario I-589 incluso si es rechazado por errores, la limitación de los permisos de trabajo bajo TPS a un máximo de un año o al tiempo restante del programa, y una nueva tarifa mínima para el Formulario I-102.
Estas disposiciones entrarán en vigor el 29 de mayo de 2026, momento a partir del cual USCIS comenzará a aplicar los nuevos requisitos y rechazar solicitudes que no cumplan con las obligaciones de pago.
¿Qué impacto podría tener este cambio?
Este cambio representa un ajuste significativo en el manejo de solicitudes de asilo, al introducir consecuencias directas por el incumplimiento de pagos. Aumenta la importancia de dar seguimiento a las notificaciones y cumplir con las obligaciones financieras del caso, ya que el incumplimiento puede resultar en el rechazo de la solicitud, la pérdida del permiso de trabajo e incluso el inicio de un proceso de remoción. Para preparadores, paralegales y solicitantes, será clave implementar controles adecuados para evitar errores que afecten el caso.
Este contenido es únicamente informativo y educativo. No constituye asesoría legal.
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