Jueza en EE. UU. frena intento de eliminar estatus legal de parole humanitario a migrantes latinoamericanos
Una jueza federal en Estados Unidos anunció que bloqueará la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de cancelar el Parole Humanitario otorgado a cientos de miles de migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La medida buscaba dejar sin efecto el estatus legal temporal de estas personas a partir del 24 de abril de 2025.
La jueza Indira Talwani, del Tribunal de Distrito en Boston, consideró que la interpretación legal utilizada por el Departamento de Seguridad Nacional para revocarlos, se basó en una lectura incorrecta de la ley. Según argumentó, las disposiciones citadas por el gobierno están diseñadas para la expulsión acelerada de personas que ingresan al país de manera irregular, no para aquellas admitidas bajo un permiso temporal autorizado, como es el caso del parole.
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De haberse aplicado la medida, aproximadamente 450.000 migrantes habrían perdido su estatus legal vigente en Estados Unidos. La jueza cuestionó que la acción estuviera dirigida no a quienes ingresaron sin autorización, sino a quienes siguieron los procedimientos establecidos. “Lo que se está priorizando no es a la gente que cruza la frontera, sino a la gente que sigue las reglas”, afirmó Talwani durante la audiencia.
La demanda fue presentada por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, entre ellas el Justice Action Center, que solicitó detener lo que consideran una terminación masiva e injustificada del programa. Según Laura Flores-Perilla, abogada del grupo demandante, el Parole Humanitario han sido fundamentales para brindar protección a personas que huyen de contextos de violencia o persecución, permitiéndoles construir una vida temporalmente estable en Estados Unidos.
Durante la audiencia, el Departamento de Justicia defendió la postura del gobierno al afirmar que el programa es discrecional y no requieren ser revocados de forma individual. Sin embargo, la jueza Talwani expresó dudas sobre la lógica del argumento y señaló que trabajará para emitir una orden que suspenda urgentemente la aplicación de la notificación publicada en el Registro Federal.
La jueza también aclaró que su decisión no obligará a reabrir los programas para nuevos solicitantes, ya que su intervención se limita al análisis legal de las medidas adoptadas, sin intervenir en decisiones de carácter político o administrativo.
El Parole fue implementado por la administración del presidente Joe Biden en 2022, inicialmente para ciudadanos venezolanos, y posteriormente ampliado en 2023 para incluir a personas originarias de Cuba, Haití y Nicaragua. Estos programas buscan ofrecer una vía de ingreso legal y controlada a personas provenientes de países con altos niveles de inestabilidad o necesidad humanitaria.
Hasta el momento, ni el Departamento de Seguridad Nacional ni el Departamento de Justicia han emitido comentarios oficiales tras la audiencia. Se espera que el fallo final de la jueza Talwani se emita en los próximos días.
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