Corte Suprema frena deportaciones bajo Ley de Enemigos Extranjeros
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión clave el viernes 16 de mayo de 2025, al impedir temporalmente que el expresidente Donald Trump reanude las deportaciones de inmigrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma promulgada en 1798. El caso fue devuelto al Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito para una revisión más profunda sobre la legalidad del uso de esta ley y los derechos de los migrantes afectados.
La medida responde a una apelación presentada por un grupo de inmigrantes venezolanos en el norte de Texas que enfrentaban una deportación inminente sin un debido proceso. Según la Corte, los intentos del Gobierno por ejecutar estas expulsiones no garantizaban a los detenidos el tiempo ni la información suficiente para defenderse legalmente.
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¿Qué es la Ley de Enemigos Extranjeros?
La Ley de Enemigos Extranjeros, aprobada en 1798, otorga al presidente amplias facultades para detener y expulsar a ciudadanos extranjeros de países con los que EE.UU. esté en guerra. Aunque fue diseñada para contextos bélicos, en marzo de 2025 el expresidente Trump la invocó como herramienta para acelerar deportaciones de presuntos integrantes de bandas criminales extranjeras, especialmente del grupo Tren de Aragua, de origen venezolano.
El fallo y sus implicaciones legales
La Corte Suprema, en una opinión no firmada, cuestionó duramente tanto la implementación de la ley por parte del Ejecutivo como la respuesta del juez de distrito que inicialmente manejó el caso. El tribunal señaló que los migrantes solo habían recibido un aviso de 24 horas antes de su expulsión, sin instrucciones claras sobre cómo ejercer su derecho a impugnar la deportación.
Asimismo, se mencionó el caso de Kilmar Ábrego García, deportado por error a El Salvador, como ejemplo de las fallas operativas del Gobierno en el manejo de estas deportaciones, lo que refuerza la necesidad de procesos legales rigurosos antes de ejecutar medidas tan definitivas.
La decisión extiende una suspensión temporal impuesta por los jueces el pasado 19 de abril, lo que implica una pausa general en las deportaciones bajo esta ley hasta que los tribunales inferiores resuelvan de fondo su legalidad.
Posturas divergentes dentro de la Corte
Los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas expresaron su desacuerdo, argumentando que la Corte intervino prematuramente. Alito calificó la acción como una expansión innecesaria de la jurisdicción judicial, al pronunciarse antes de que el tribunal de distrito agotara el proceso.
Por su parte, el juez Brett Kavanaugh, aunque apoyó la decisión, sugirió que la Corte debería tomar el caso completo de manera inmediata para emitir una resolución definitiva, debido a la urgencia del tema.
Contexto general del conflicto legal
Desde la invocación de la ley por parte del Gobierno en marzo, múltiples tribunales en distintos estados —como Texas, Nevada y Colorado— han emitido órdenes para bloquear temporalmente su aplicación. Algunas cortes han fallado en contra de su legalidad, afirmando que la medida no cumple con los estándares constitucionales del debido proceso.
La ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), que representa a varios de los migrantes, presentó múltiples demandas de habeas corpus para evitar expulsiones sin revisión judicial, argumentando que estas acciones violan los derechos fundamentales de los detenidos.
Próximos pasos
El caso seguirá su curso en el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito, con sede en Nueva Orleans, donde se evaluará si la administración puede usar la Ley de Enemigos Extranjeros en el contexto actual y qué garantías legales deben brindarse a los migrantes antes de su deportación.
Mientras tanto, la decisión de la Corte Suprema mantiene suspendidas las deportaciones basadas en esta norma, a la espera de un fallo definitivo.
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