Corte Suprema detiene aplicación de ley de inmigración en Florida
El 9 de julio de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una apelación de emergencia del estado de Florida, impidiendo temporalmente la aplicación de una nueva ley de inmigración que criminaliza la entrada de ciertos inmigrantes indocumentados al estado. La decisión permite que continúe vigente una orden de suspensión impuesta por un tribunal inferior, mientras el caso sigue su curso legal.
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¿Qué establece la ley suspendida?
La ley en cuestión, aprobada en Florida, tipifica como delito el ingreso de ciertos inmigrantes indocumentados al estado. Fue promovida como una herramienta para reforzar políticas migratorias federales y recibió el respaldo de diecisiete estados y de la administración del expresidente Donald Trump.
El estado argumentó que esta legislación busca proteger a los residentes frente a lo que considera un incremento de la inmigración no autorizada. En su apelación, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, sostuvo que el estado tiene derecho a ejercer sus poderes policiales para enfrentar situaciones que afecten a la comunidad.
Argumentos de los opositores
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes impugnaron la ley, señalando que contradice principios constitucionales. Según sus abogados, los tribunales han sido consistentes en determinar que la aplicación de las leyes migratorias es competencia exclusiva del gobierno federal, no de los estados.
Además, cuestionaron por qué Florida debería tener autonomía para crear y ejecutar su propio sistema migratorio si ya colabora estrechamente con las autoridades federales en esta materia.
Controversia adicional: desacato judicial
El caso ha generado mayor atención debido a una orden de desacato emitida en junio por la jueza federal de distrito Kathleen Williams. La jueza declaró en desacato civil al fiscal general Uthmeier por no cumplir una directiva judicial que le exigía informar a las agencias policiales que no podían aplicar la ley suspendida.
Uthmeier sostuvo que la orden solo debía aplicarse a él y a los fiscales locales implicados en el litigio, y pidió a la Corte Suprema que aclarara que la suspensión no afecta a todos los agentes del orden en Florida.
No obstante, los demandantes argumentaron que sería contradictorio permitir arrestos por delitos que no pueden ser procesados legalmente.
¿Qué sigue?
Con la decisión de la Corte Suprema, la ley permanecerá suspendida mientras continúa su revisión en instancias judiciales inferiores. El fallo no determina la constitucionalidad definitiva de la ley, pero sí marca un precedente importante en el manejo de la jurisdicción estatal frente a la legislación migratoria federal.
Conclusión
El caso de Florida reabre el debate sobre los límites del poder estatal en temas de inmigración. Por ahora, la decisión de la Corte Suprema subraya la primacía del gobierno federal en la aplicación de las leyes migratorias y mantiene vigente la suspensión de una norma que continúa siendo evaluada por el sistema judicial.
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